Catamarca 24

Collantes solicitó se declare zona de emergencia agropecuaria a Tinogasta, Santa Maria, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Pomán y Belén

A través de un proyecto de ley, el diputado nacional Genaro Collantes solicitó que se declara  zona de emergencia agropecuaria por el plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la promulgación de la presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo Nacional, a los departamentos Tinogasta, Santa Maria, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Pomán y Belén, todos ubicados e la Provincia de Catamarca. Para ello, se aplicará todo lo apropiado según las disposiciones de la ley 22.913.

El proyecto fue presentado hoy jueves en la Cámara baja y en el mismo se plantea facultar al Poder Ejecutivo Nacional a asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia mencionadas.

La iniciativa consta de cinco artículos y plantea también que las partidas presupuestarias asignadas para afrontar la emergencia o desastre agropecuario tendrán como finalidad: a) lograr el financiamiento para la asistencia de los productores agropecuarios afectados por los fenómenos climáticos, debiéndose incluir en la cesión de subsidios directos y específicos; b) el financiamiento para la recuperación de la capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron distintos cultivos e inclusive produjeron daño a nivel habitacional.

También indica que el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la provincia de Catamarca y de los Municipios afectados, instrumentará los mecanismos necesarios para diagnosticar el estado de situación. Asimismo, conforme a lo establecido por la ley 22.913, el Poder Ejecutivo Provincial en coordinación con los municipios, será quien determine los daños producidos e identificará a los damnificados beneficiarios de la presente ley.

Finalmente pide suspender hasta noventa días hábiles posteriores a la finalización del período de emergencia agropecuaria fijado por la presente ley, la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.

Entre los fundamentos, el diputado catamarqueño explica que las intensas lluvias registradas en Catamarca, han afectado seriamente las actividades agropecuarias en distintos departamentos de la Provincia, por lo que se han visto seriamente afectados  la siembra, desarrollo y cosecha de distintos tipos de cultivos. Además, menciona que las desfavorables condiciones climáticas, también produjeron daños en distintos tipos de infraestructura tales como viviendas que en algunos casos sufrieron la caída de techos y paredes y daños en el tendido eléctrico, entre otros aspectos.

“Esta situación, indudablemente repercutirá evidentemente en las zonas afectadas ya que afectará a los productores de la región por cuanto afectará la calidad del producto y su valor real en el mercado, para el caso de que  los daños no hayan sido totales. Esto plantea de una inmediata mediación del Estado con el fin de preservar a los productores que ya soportan significativas pérdidas”, especifica el legislador.

Además puntualiza que según la Ley Nº 23.193 el concepto de emergencia agropecuaria cabe cuando se tratan de hechos imprevisibles, por su carácter excepcional, o por su magnitud, que dificulten gravemente la evolución de la producción y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crediticias a cargo de las personas o empresas afectadas.

“Estos factores –especifica- tanto por su intensidad o bien por su cualidad de extraordinarios deben afectar la producción o la capacidad de producción de la zona en emergencia agropecuaria dificultando la evolución de esa actividad. Este es el caso que corresponde a los departamentos Tinogasta, Santa Maria, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Poman y Belén.

Finalmente expone que debe tenerse en cuenta que el  marco legal citado, conjuntamente con su decreto reglamentario Nº 581/97 y otros (1330/2001; 1.386/01) así como también resoluciones de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria otorgan una protección especial a aquellos productores que hayan resultado damnificados por un fenómeno de carácter excepcional e inevitable. Dicha protección se hace efectiva con medidas concretas que traen desde beneficios fiscales y crediticios hasta subsidios directos dependiendo la intensidad del fenómeno en la zona afectada.